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viernes, febrero 23, 2024
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Empresarios de colectivos aseguran que el interior del país puede quedarse sin servicio

Empresarios del transporte público de pasajeros del interior del país reiteraron su reclamo al gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza) para que se instrumenten políticas equitativas en la distribución de las compensaciones tarifarias, y objetaron que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sostiene una situación de privilegio con relación al resto de los distritos.

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), a través de su presidente Gerardo Ingramo y de su secretario, Gustavo Larrea, sostuvo que “millones de ciudadanos del interior del país serán perjudicados por la desidia y la inequidad”. Y advirtió que, en momentos de “serias dificultades económicas”, los habitantes de las provincias corren “riesgo cierto de quedarse sin este servicio”.

“La ausencia de medidas concretas que doten al sistema de transporte de pasajeros del interior del país de mínimas condiciones de previsibilidad y sustentabilidad tornan prácticamente imposible proyectar la continuidad de los servicios y, menos aún, la realización de las inversiones que ello requiere”, añadieron en la Fatap.

Los empresarios remarcaron que, en la primera semana de 2024, se observó un incremento en la curva que grafica los costos de los insumos necesarios en este rubro.

A este escenario, indicaron, se suma que aún “no se conoce cuál es el presupuesto que el Estado nacional destinará” a las firmas radicadas en las provincias; mientras, en contrapartida, “se realiza ingentes desembolsos al AMBA, región que mantiene tarifas en niveles dramáticamente inferiores a los que abonan” el resto de los argentinos.

Según la Fatap, esto evidencia “el tratamiento desigual e inequitativo en perjuicio del transporte del interior se mantiene, transformándose así en una lamentable política de estado que trasciende los diferentes Gobiernos nacionales”.

Las tarifas, bajo la lupa

Distintos distritos avanzaron en el último tiempo con reajustes en el precio del boleto. Por ejemplo, en Tucumán se incrementó el valor en un 90% en diciembre pasado (el mínimo pasó de $120 a $230). Sin embargo, esta cuestión permanece bajo la lupa de los empresarios del interior.

“Los poderes concedentes, que han diseñado los servicios y las fórmulas de actualización tarifaria, mantienen su dañosa conducta de incumplir los contratos, al no establecer el precio del servicio con criterios económicos y técnicos, dejando de lado los políticos y coyunturales, que solo degradan las economías de las empresas y jaquean su continuidad y la de las prestaciones”, indicaron en la Fatap.

Señalaron que esto sucede “ante la pasividad de muchos gobiernos provinciales, que a su vez incumplen con los compromisos que asumieran en torno a garantizar la sustentabilidad económico-financiera de los sistemas de transporte de sus provincias”.

Por todo esto, la Fatap consignó en el comunicado que “exhorta vehementemente a las autoridades competentes de jurisdicción nacional, provincial y municipal a asumir sus responsabilidades ante las empresas, los usuarios y los trabajadores”. Consideraron que, para ello, es clave coordinar y ejecutar “medidas muy urgentes, que generen las mínimas condiciones de continuidad”. De lo contrario, señalaron que los funcionarios serán “directamente responsables de la pérdida de un servicio público esencial, de la quiebra de las prestadoras y de la  destrucción de decenas de miles de puestos de trabajo a lo largo y ancho de la  Argentina”.

El transporte público del interior, en emergencia

Por Jorge Berretta – directivo de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat)

Desde Tucumán, creímos y apoyamos las intenciones del presidente, Javier Milei y de su secretario de Transporte, Franco Mogetta, en el compromiso de equidad (federalismo) en la distribución de los subsidios correspondientes al transporte público de pasajeros por automotor. Para que, de esta manera, se pueda lograr un valor del boleto uniforme en todo el país. Por lo cual los usuarios del interior del país, no paguen la fiesta del AMBA. Como viene sucediendo hace 10 años.

En Tucumán, con el apoyo del gobernador Osvaldo Jaldo, el compromiso del sector empresario, el endeudamiento que tomó el mismo y la vocación de servicio, hemos logrado transitar estos meses con paz social, con servicio público, sin reducción de servicios, ni paros por falta de pago a los empleados del sector.

Es lógico y entendible que, por el proceso de audiencias públicas, decretos y actos administrativos se demore esta resolución nacional y federal hasta febrero. La ecuación económica del sistema de transporte público está rota hace mucho tiempo, por lo cual en enero no podemos seguir prestando el servicio, por más empeño y esfuerzo que pongamos.

Necesitamos para el periodo anteriormente mencionado, el mismo trato que recibió el AMBA, para poder seguir con la prestación del vital servicio.

Ante la reducción del servicio del 50% del sector del área metropolitana de Buenos Aires, el Gobierno nacional, cámaras empresarias y el gremio de UTA acordaron actualizar el valor del boleto con los índices estipulado por el gobierno anterior, y que Sergio Massa había congelado.

Se consensuó que se realizará un primer pago a cuenta del subsidio de enero del 80% de lo que estipulaba el Presupuesto 2023 (aproximadamente $66.000 millones); esto, para que el AMBA pueda superar la falta de fondos y prestar un servicio normal, sin reducciones en enero.

El interior del país sufre una descapitalización y endeudamiento exponencial, producto de los gobiernos centralistas anteriores como causa mayor. Y necesita el mismo trato del AMBA. A continuación, se enumeran algunas posibles medidas políticas a tomar, que podrían aportar soluciones al interior:

1) El monto que estipule el Gobierno nacional en materia de compensaciones tarifarías (es decir, los subsidios al transporte) sea uno. Y se distribuya en forma proporcional a cada jurisdicción, incluida el AMBA. A la oferta, en un principio, hasta que se migre a la demanda si así lo deciden los gobiernos. Esto daría una plataforma, una base para todo el país.

2) Se consensuen con provincias y/o municipios, vía adenda o convenios, la obligatoriedad de aportar la misma suma que Nación al sistema de transporte de cada jurisdicción.

3) La diferencia entre los aportes y el valor técnico del costo del boleto lo pagará el usuario. Dato: históricamente el costo total del viaje oscila entre 1 y 1,10 dólar libre.

4) Para morigerar aún más el impacto en el bolsillo del usuario, tratándose de un servicio público vital e indispensable, se podrían implementar las siguientes medidas: a.- Reducción de las contribuciones de la seguridad social (Nación). b.- Reducción en impuestos y tasas al gas oíl. c.- Exenciones impositivas provinciales y municipales. 

5) Bimestralmente, se deberá ajustar el valor de lo que paga el usuario en base a la inflación. Este ajuste debe ser sobre el real costo, sobre el valor técnico del valor del viaje. Ya que entendemos que las políticas nacionales se encaminan a un congelamiento de los montos de los subsidios, y por lo tanto cumplir con sus objetivos de la reducción de los mismos en forma automática, producto de la erosión que provocara la inflación, por la cual se licuarán.

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