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martes, febrero 27, 2024

Lula pidió “castigo ejemplar” a los ejecutores del intento de golpe

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este lunes que “no hay perdón” para los autores de la asonada hace un año en Brasilia, de la que responsabiliza a su predecesor Jair Bolsonaro, investigado como posible instigador. Durante un acto solemne en el Congreso, invadido el 8 de enero de 2023 por manifestantes radicalizados, Lula sostuvo que “quienes financiaron, planificaron y ejecutaron el intento de golpe deben ser ejemplarmente castigados”.

“Democracia inquebrantable”

“No hay perdón para quien atenta contra la democracia, su propio país y su propio pueblo”, aseguró el mandatario brasileño en su discurso pronunciado en el Salón Negro del Congreso. En el acto denominado “Democracia inquebrantable”, Lula saludó a todos los ciudadanos que dijeron “no al fascismo” y destacó el “coraje” de los parlamentarios, gobernadores, ministros, jueces y militares que garantizaron que hoy se esté celebrando “la victoria de la democracia sobre el autoritarismo”.

Hubo ausencias relevantes entre la derecha, como el gobernador de San Pablo, Tarcisio Freitas, exministro de Bolsonaro, quien adujo estar de vacaciones. Tampoco estuvo el presidente de la Cámara de Diputados y exaliado de Bolsonaro, Arthur Lira. 

La ceremonia estuvo cargada de simbolismo, especialmente con la exhibición de obras de arte que pertenecen a las sedes de poder y que fueron restauradas, como un tapiz del artista y paisajista brasileño Roberto Burle Marx, que había sido arrancado de una pared del Senado y vandalizado durante los disturbios.

Lula dijo que si el intento de golpe hubiera sido exitoso la democracia se habría destruido, ya que se habrían “robado” la voluntad soberana del pueblo brasileño expresada en las urnas. Según el presidente eso habría llevado a hundir a Brasil en un “caos económico y social”, el país volvería a estar aislado del mundo y la Amazonia quedaría “reducida a cenizas” para darle paso a la minería ilegal.

De acuerdo con el presidente brasileño, aunque la democracia fue salvada, “nunca está lista” y señaló que es necesario cuidarla y construirla todos los días. “La democracia es imperfecta, porque somos humanos y, por tanto, imperfectos. Pero todos tenemos el deber de unir fuerzas para mejorarla”, advirtió Lula, quien agregó que “no habrá democracia plena mientras persistan las desigualdades, ya sea en términos de ingresos, raza, género, orientación sexual, acceso a la salud, la educación y otros servicios públicos”. 

“Un grupo de irresponsables decidió intentar un golpe de Estado en este país. Y el 8 de enero significa que de ahora en adelante no permitiremos que la sociedad lo olvide para garantizar la democracia”, había dicho Lula más temprano en un video que publicó en redes sociales. “Que gritemos alto y claro todos los días: ‘libertad, libertad, extiende tus alas’ y viva la democracia”, agregó el líder progresista, citando un pasaje del himno de la Proclamación de la República.

“Turba de criminales” contra la voluntad popular

Presente en el Congreso, el presidente del Senado brasileño, Rodrigo Pacheco, sostuvo que “los poderes permanecen vigilantes contra los traidores a la patria y contra la minoría que quiere tomar el poder sin respetar la Constitución”. Pacheco, quien también ejerce como presidente del Legislativo bicameral, afirmó que las fuerzas democráticas de Brasil están siempre abiertas al debate y al pluralismo pero que nunca tolerarán la violencia, el golpismo y la falta de respeto a la voluntad expresada por el pueblo brasileño en las urnas.

La democracia solo existe cuando se respeta el derecho electoral. Descalificarlo ofende no solo la legislación y la Constitución sino también al pueblo. Esa turba de criminales que invadió estas dependencias le faltó el respeto a la voluntad popular manifestada por el voto. Es algo inaceptable”, dijo el senador. “Aceptar la victoria de un candidato con el que no simpatizamos es un deber cívico”, afirmó Pacheco en referencia a Bolsonaro, que durante toda la campaña electoral de 2022 puso en duda la confiabilidad del sistema electoral brasileño y nunca reconoció su derrota. 

Más temprano el presidente del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Luis Roberto Barroso, aseguró que los ataques del 8 de enero de 2023 configuraron un “escenario de barbarie” motivado por una “animosidad artificialmente cultivada”. “En una especie de alucinación colectiva, miles de personas, aparentemente comunes y corrientes, inflamadas por falsedades, teorías de la conspiración, sentimientos antidemocráticos y resentimientos, se transformaron en criminales, aprendices de terroristas”, afirmó Barroso, quien tildó de “falsos patriotas” y de “falsos religiosos” a los ejecutores de aquel ataque a las instituciones del gigante sudamericano.

El avance judicial

Al episodio del 8 de enero de 2023 la justicia lo consideró el “más brutal ataque a la democracia” brasileña desde el golpe militar de 1964 e imputó por esos desmanes a dos mil personas, de las cuales una treintena ya fue condenada a penas de hasta 17 años de prisión.

El ministro de Defensa brasileño, José Múcio Monteiro, sostuvo este lunes que las Fuerzas Armadas “no querían el golpe” del pasado 8 de enero. A pesar de algunos soldados “indisciplinados”, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea no quisieron unirse a un movimiento golpista, dijo el ministro a CNN Brasil. “En ningún momento se mencionó la hipótesis. Hubo un gran sentimiento de cohesión. Todos los comandantes estaban allí esa noche”, agregó Múcio.

El viernes Lula reiteró en una entrevista que Bolsonaro es “responsable directo, que planeó todo eso y que, cobardemente, se escondió y salió antes de Brasilia”. Por eso es investigado por la justicia como posible instigador y autor intelectual de los ataques. El exmandatario niega toda responsabilidad personal o de sus simpatizantes.

Ajena a las ceremonias, la Policía Federal lanzó este lunes una nueva fase de la operación para identificar a las personas que financiaron e impulsaron el intento golpista. El objetivo era el cumplimiento de 46 órdenes de búsqueda y registro, y el congelamiento de los bienes de los investigados para responder por los destrozos, calculados en 8 millones de dólares.

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